Accidentes y Enfermedades Profesionales

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dentificación Norma: LEY-16744
Fecha Publicación: 01.02.1968
Fecha Promulgación: 23.01.1968
Organismo: MINISTERIO DEL TRABAJO
Ultima Modificación: LEY 19454
Fecha Ultima Modificacion: 08.05.1996

Texto:

LEY N° 16.744, MIN. DEL TRABAJO
(Publicada en el Diario Oficial N° 26.957, de 1° de febrero de 1968)
LEY NUM. 16.744
ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente PROYECTO DE LEY:

TITULO I (ARTS. 1-4) Obligatoriedad, personas protegidas y afiliación

1. Obligatoriedad (ART. 1)

Artículo 1° Declárase obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y
condiciones establecidas en la presente ley.

Obligatoriedad, personas protegidas y afiliación

2. Personas protegidas (ARTS. 2-3)

Artículo 2° Estarán sujetas, obligatoriamente, a este seguro, las siguientes personas: a) Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera
que sean las labores que ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio o
persona para quien trabajen; incluso los servidores domésticos y los aprendices; b) Los funcionarios públicos de la Administración Civil del
Estado, municipales y de instituciones administrativamente descentralizadas del Estado. (inciso segundo derogado. LEY 18269 ART UNICO
N° 1) c) Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el respectivo plantel; d) Los trabajadores
independientes y los trabajadores familiares. El Presidente de la República establecerá, dentro del plazo de un año, a contar desde la vigencia
de la presente ley, el financiamiento y condiciones en que (NOTA 1.-) deberán incorporarse al régimen de seguro de esta ley las personas
indicadas en las letras b) y c) de este artículo. No obstante, el Presidente de la República queda (NOTA 1.1) facultado para decidir la
oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro que establece esta ley las personas indicadas
en la letra d).

NOTA: 1 El artículo único del DL 1.548, de 1976, declaró que el sentido de la facultad delegada por el inciso final del presente art. 2°, es
permitir que el Presidente de la República incorpore a ese régimen de Seguro a los trabajadores independientes y a los trabajadores
familiares, en forma conjunta o separada, o por grupos determinados dentro de ellos, pudiento fijar, en cada caso, la oportunidad, el
financiamiento y las condiciones de su incorporación.

NOTA: 1.1 El DFL N° 192, de la Subs.de Previsión Social, publicado en el D.O. de 5 de enero de 1996, incorporó al Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades contemplados en la presente ley, a los socios de sociedades de personas, socios de
sociedades encomandita por acciones, empresarios individuales y directores de sociedades en general, que se desempeñen como
trabajadores independientes en la respectiva sociedad o empresa,y que en tal calidad, sean cotizantes ya sea del Antiguo Sistema Previsional
o del Nuevo Sistema de Pensiones.

Artículo 3° Estarán protegidos, también, todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con
ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica educacional. El Presidente de la República queda facultado para decidir la
oportunidad, financiamiento y condiciones de la incorporación de tales estudiantes a este seguro escolar, la naturaleza y contenido de las
prestaciones que se les otorgará y los organismos, instituciones o servicios que administrarán dicho seguro.

3. Afiliación (ART. 4)

Artículo 4° La afiliación de un trabajador, hecha en una Caja de Previsión para los demás efectos de seguridad social, se entenderá hecha, por
el ministerio de la ley, para este seguro, salvo que la entidad empleadora para la cual trabaje se encuentre adherida a alguna Mutualidad.
Respecto de los trabajadores de contratistas o subcontratistas, deberán observarse, además, las siguientes reglas: El dueño de la obra,
empresa o faena, será, subsidiariamente, responsable de las obligaciones que, en materia de afiliación y cotización, afecten a sus contratistas
respecto de sus trabajadores. Igual responsabilidad afectará al contratista en relación con las obligaciones de sus subcontratistas.

TITULO II (ARTS. 5-7)

Contingencias cubiertas

Artículo 5° Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del
trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso,
entre la habitación y el lugar del trabajo. Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales
a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga
relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo
administrador.

Artículo 6° Los Consejos de los organismos administradores podrán otorgar el derecho al goce de los beneficios establecidos en la presente
ley, en caso de accidentes debidos a fuerza mayor extraña al trabajo que afectare al afiliado en razón de su necesidad de residir o
desempeñar sus labores en el lugar del siniestro. Las empresas y los fondos de los seguros de enfermedad y de pensiones respectivos,
deberán, en tal caso, integrar en el fondo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de que se trate, las sumas equivalentes a
las prestaciones que habrían debido otorgar por aplicación de las normas generales sobre seguro de enfermedad o medicina curativa,
invalidez no profesional o supervivencia, en la forma que señale el reglamento. En todo caso, los acuerdos a que se refiere el inciso 1°,
deberán ser sometidos a la aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 7° Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y
que le produzca incapacidad o muerte. El reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta
enumeración deberá revisarse, por lo menos cada tres años. Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo
administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que
hubiesen contraido como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo
administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con
informe del Servicio Nacional de Salud.

TITULO III (ARTS. 8-14)

Administración

Artículo 8° La Administración del Seguro estará a cargo del Servicio de Seguro Social, del Servicio Nacional de Salud, de las Cajas de
Previsión y de las Mutualidades de Empleadores, en conformidad a las reglas contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 9° Respecto de los afiliados en el Servicio de Seguro Social, el seguro será administrado por éste, correspondiendo al Servicio
Nacional de Salud otorgarles las prestaciones médicas y los subsidios por incapacidad temporal, sin perjuicio de las demás funciones que le
encomienda la presente ley. El Servicio Nacional de Salud cumplirá sus funciones a través de sus servicios técnicos, quienes proveerán los
medios y el personal para realizar las obligaciones que le encomienda la presente ley. Un comité asesor propondrá la política de acción, las
normas y los programas y la repartición del presupuesto para sus fines específicos. El Servicio de Seguro Social cumplirá sus funciones a
través del Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se crea con la presente ley y cuya organización
administrativa interna será determinada por un reglamento que deberá dictar el Presidente de la República. El Presidente de la República
queda facultado para modificar la Planta del Servicio Nacional de Salud, cuando lo estime necesario para que esta institución amplíe sus
servicios de prevención y rehabilitación.

Artículo 10° Respecto de los afiliados en otras Cajas de Previsión, administrará este seguro el respectivo organismo previsional en que estén
afiliados. Estos organismos, en caso de carecer de adecuados servicios médicos propios, podrán contratar el otorgamiento de las
prestaciones médicas. No obstante, para el Servicio Nacional de Salud será obligatorio convenir el otorgamiento de tales prestaciones, con
las Cajas que lo soliciten, sujeto ello al pago de las tarifas que fijará periódicamente. El Presidente de la República queda facultado para
modificar las plantas del personal de los organismos que, para otorgar tales prestaciones, opten por instalar sus propios Servicios Médicos o
ampliar los existentes. En la provisión de los cargos que se creen en virtud de esta facultad deberán observarse las normas que sobre
ascensos contiene el Estatuto Administrativo.

Artículo 11° El seguro podrá ser administrado, también, por las Mutualidades de Empleadores, que no persigan fines de lucro, respecto de los
trabajadores dependientes de los miembros adheridos a ellas.

Artículo 12° El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de estas Instituciones, otorgándoles la correspondiente personalidad
jurídica, cuando cumplan con las siguientes condiciones: a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo menos, en
faenas permanentes; b) Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra mutualidad, los que deben incluir
servicios especializados, incluso en rehabilitación; c) Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales; d) Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro, y e) Que sus
miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por ellas. El Servicio Nacional de Salud controlará que dentro del
plazo que fije el Presidente de la República en el decreto que les conceda personalidad jurídica, cumplan con las exigencias previstas en las
letras b) y c) del inciso anterior. En caso de disolución anticipada de una Mutualidad, sus miembros deberán constituir los capitales
representativos correspondientes a las pensiones de responsabilidad de dicha Mutualidad, en el o los organismos administradores que deban
hacerse cargo en el futuro, del pago de tales pensiones. En lo demás, se procederá en la forma como dispongan sus estatutos y el Estatuto
Orgánico de las Mutualidades que deberá dictar el Presidente de la República en conformidad al artículo siguiente. Las Mutualidades estarán
sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y
reglamentos orgánicos. "Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior (DL 3536 1980 ART 6°), los acuerdos de los directorios de estas
mutualidades que se refieran a transacciones judiciales o extrajudiciales, serán elevados en consulta a la Superintendencia de Seguridad
Social. Los acuerdos cuyo cumplimiento merezca dudas de legalidad o conveniencia a los directorios de dichas mutualidades podrán ser
elevados en consulta por éstas a la mencionada Superintendencia de Seguridad Social. En casos calificados, la Superintendencia podrá
disponer que una o más de estas entidades, que a su juicio requieran de un control especial, le eleven en consulta los acuerdos de directorio
que recaigan sobre las materias que ella fije. En los casos a que se refieren los tres incisos precedentes, la Superintendencia de Seguridad
Social se pronunciará en los términos establecidos en el artículo 46° de la ley 16.395. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá las
instrucciones obligatorias que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos quinto a octavo de este artículo.

Artículo 13° Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley,
dicte el Estatuto Orgánico por el que se habrán de regir estas Mutualidades. Dicho Estatuto deberá prever que el Directorio de estas
instituciones esté integrado, paritariamente, por representantes de los empleadores y de los trabajadores y la forma como se habrá de elegir
al presidente de la institución, el cual lo será, también, del Directorio.

Artículo 14° Los organismos administradores no podrán destinar a gastos de administración una suma superior al 10% (LEY 18269 ART
UNICO) de los ingresos que les correspondan N° 2 para este seguro. Sin perjuicio de dicho porcentaje máximo, a las Mutualidades no podrá
fijárseles menos del cinco por ciento de sus ingresos para tales gastos en los decretos en que se aprueban las estimaciones presupuestarias
de esta ley.

TITULO IV (ARTS. 15-24BIS)

Cotización y Financiamiento

Artículo 15° El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales se financiará con los siguientes recursos: a) Con una
cotización básica general del 0,90% de 1980 las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador; b) Con una cotización adicional
diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que será determinada por el Presidente de la
República y no podrá exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles, que también será de cargo del empleador, y que se fijará sin
ART 25 perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16°; c) Con el producto de las multas que cada organismo administrador aplique en conformidad
a la presente ley; d) Con las utilidades o rentas que produzca la inversión de los fondos de reserva, y e) Con las cantidades que les
corresponda por el ejercicio del derecho de repetir de acuerdo con los artículos 56° y 69°.

El artículo 97 de la ley N° 18.768, publicada en el "Diario Oficial" de 29 de diciembre de 1988, dispuso que la modificación introducida a este
artículo, entrará en vigencia a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación.

El artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 11, de la Subsecretaría de Previsión Social, publicado en el "Diario Oficial" de 12 de Febrero
de 1993, dispuso que los profesionales hípicos independientes afectos a la Ley N° 16.744 deberán pagar mensualmente al respectivo
organismo administrador la cotización general básica contemplada en la letra a) del presente artículo y una tasa fija correspondiente a la
cotización adicional diferenciada, de acuerdo con lo establecido en la letra b) de dicho precepto, según su actividad, que será del 3,40% de
sus rentas imponibles en el caso de los jinetes y del 1,70% de sus rentas imponibles respecto de los preparadores, herradores y ayudantes de
herradores. El artículo 2° del mismo DFL N° 11, ordenó su vigencia a contar del día 1° del mes siguiente al de su publicación.

El D.S. 178, Min. del Trabajo de 25 de septiembre de 1968, suspendió, a contar del 1° de agosto de 1968 y hasta el 31 de diciembre del
mismo año el cobro de la cotización adicional diferenciada a que se refiere la letra b) del presente art. 15, establecida para la agricultura por el
D.S. 110, de 1968, Min. del Trabajo. Dicha cotización quedará vigente para las demás actividades y subactividades diferenciadas señaladas
en la división O del mencionado DS. 110. Posteriormente por decretos supremos Nos. 303, 143, 283 y 139, de 20 de diciembre de 1968, 26
de junio y 9 de diciembre de 1969 y 1° de julio de 1970, respectivamente, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1970 la disposición
contenida en el citado D.S. 178, del Trabajo de 1968. Finalmente el D.S. 52, Min. del Trabajo de 7 de abril de 1971 prorrogó dicho decreto
178 desde el 1° de enero al 30 de junio de 1971, pero solamente en las comunas de las provincias de Atacama y Coquimbo, en las comunas
del Departamento de Petorca y en las comunas de Putaendo, Puchuncaví y Til Til.

Artículo 16° Las empresas o entidades que implanten o hayan implantado medidas de prevención que rebajen apreciablemente los riesgos de
accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales, podrán solicitar que se les reduzca la tasa de cotización adicional o que se les exima
de ella si alcanzan un nivel óptimo de seguridad. Las empresas o entidades que no ofrezcan condiciones satisfactorias de seguridad y/o
higiene, o que no implanten las medidas de seguridad que el organismo competente les ordene, deberán cancelar la cotización adicional con
recargo de hasta el 100%, sin perjuicio de las demás sanciones que les correspondan. La exenciones, rebajas o recargos de la cotización
adicional se determinarán por las mutualidades de empleadores respecto de sus empresas adherentes y por los Servicios de Salud respecto
de las demás empresas, en relación con la magnitud de los riesgos efectivos y las condiciones de seguridad existentes en la respectiva
empresa, sin perjuicio de los demás requisitos que establece este artículo y el reglamento. Las empresas podrán reclamar de lo resuelto por la
respectiva Mutualidad de Empleadores ante la Superintendencia de Seguridad Social, en conformidad al inciso tercero del artículo 77 de esta
ley, la que para resolver, si lo estima pertinente, podrá solicitar informe al Servicio de Salud correspondiente. El reglamento establecerá los
requisitos y proporciones de las rebajas y recargos, así como también la forma, proporciones y plazos en que se concederán o aplicarán.

Artículo 17° Las condiciones se calcularán sobre la base de las mismas remuneraciones o rentas por las que se cotiza para el régimen de
pensiones de la respectiva institución de previsión del afiliado. Las cotizaciones que deban integrarse en alguna Caja de Previsión, se
considerarán parte integrante de su sistema impositivo, gozando por lo tanto de los mismos privilegios y garantías. Asimismo, el
incumplimiento de enterar las cotizaciones tendrá las mismas sanciones que las leyes establecen o establezcan en el futuro para dicho
sistema.

Artículo 18° En caso de incumplimiento de la obligación de cotizar de parte de los empleadores afectos a alguna Mutualidad, deberán
observarse las siguientes reglas: a) La Mutualidad deberá hacer la liquidación de las cotizaciones adeudadas; b) El infractor deberá pagar un
interés penal de un 3% mensual sobre el monto de lo adeudado, y c) En la misma liquidación se impondrá también, una multa cuyo monto será
equivalente al 50% de las imposiciones adeudadas, y en ningún caso, inferior a medio sueldo vital mensual, escala A) del departamento de
Santiago. Esta multa se recargará en un 50% si la infracción se produce con posterioridad a haberse verificado un accidente o enfermedad
por algún trabajador. La liquidación aprobada por el Presidente de la respectiva Mutualidad tendrá mérito ejecutivo y su notificación y cobro se
ajustarán a las mismas normas que rigen para el sistema de cobranza judicial del Servicio de Seguro Social, gozando, también, del mismo
privilegio.

Artículo 19° El régimen financiero del seguro será el de reparto. Pero deberá formarse una reserva de eventualidades no inferior al 2% ni
superior al 5% del ingreso anual.

Artículo 20° Respecto de las Mutualidades, el estatuto orgánico de ellas deberá establecer que estas instituciones formen, además de la
reserva de eventualidades a que se refiere el artículo anterior, una reserva adicional para atender el pago de las pensiones y de sus futuros
reajustes.

Artículo 21° Mediante decreto supremo se determinará la proporción en que se distribuirá, entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio
Nacional de Salud, el producto de las cotizaciones que aquél recaude para este seguro. Los demás organismos administradores, con
excepción de las Mutualidades de Empleadores, deberán, además, entregar al Servicio Nacional de Salud un determinado porcentaje de sus
ingresos, el que será determinado, respecto de cada cual, por el Presidente de la República, para que esta institución lo dedique
exclusivamente al financiamiento de sus labores de inspección, prevención de riesgos profesionales, rehabilitación y reeducación de inválidos.
Los excedentes que se produzcan en cada ejercicio, en los fondos respectivos de las diversas cajas de previsión serán distribuidos de
acuerdo con las normas que establezca el reglamento, debiéndose aportar por duodécimos presupuestarios y haciéndose los ajustes que
correspondan de acuerdo a sus balances anuales.

El artículo 8° de la Ley N° 18.754, publicada en el "Diario Oficial" de 28 de octubre de 1988, dispuso que las modificaciones introducidas a
este artículo, entrarán en vigencia el día primero del mes subsiguiente al de su publicación.

Artículo 22° DEROGADO.-

Artículo 23° Todas las sumas que corresponda percibir al Servicio Nacional de Salud, por aplicación de lo dispuesto en la presente ley, se
contabilizarán por separado y este organismo deberá destinarlas exclusivamente a los objetivos que esta ley le encomienda.

Artículo 24° Créase un fondo especial destinado a la rehabilitación de alcohólicos que será administrado por el Servicio Nacional de Salud y
que se formará hasta con el 10% de los excedentes a que se refiere el inciso 3° del artículo 21° y con el 10% de las multas de cualquiera
naturaleza que se apliquen en conformidad a la presente ley. El Servicio Nacional de Salud destinará estos recursos preferentemente a la
construcción, habilitación y funcionamiento de clínicas para el uso de las instituciones con personalidad jurídica que existan o se constituyan
exclusivamente con la finalidad señalada, a las que podrá también otorgar subvenciones de acuerdo con sus necesidades. Un reglamento que
el Presidente de la República dictará, dentro del plazo de 180 días desde la fecha de la promulgación de la ley, determinará la forma de
administrar y distribuir estos recursos.

Artículo 24° bis.- Las Mutualidades de Empleadores estarán exentas de la obligación de efectuar aportes para el financiamiento del seguro de
las personas a que se refieren el inciso final del artículo 2° y el artículo 3° de esta ley.

TITULO V (ARTS. 25-57)

Prestaciones 1. Definiciones (ARTS. 25-28)

Artículo 25° Para los efectos de esta ley se entenderá por "entidad empleadora" a toda empresa, institución, servicio o persona que
proporcione trabajo; y por "trabajador" a toda persona, empleado u obrero que trabaje para alguna empresa, institución, servicio o persona.

Artículo 26° Para los efectos del cálculo de las pensiones e indemnizaciones, se entiendo por sueldo base mensual el promedio de las
remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, excluidos los subsidios, percibidas por el afiliado en los últimos seis meses, inmediatamente
anteriores al accidente o al diagnóstico médico, en caso de enfermedad profesional. En caso que la totalidad de los referidos seis meses no
estén cubiertos por cotizaciones, el sueldo base será igual al promedio de las remuneraciones o rentas por las cuales se han efectuado
cotizaciones. El trabajador podrá acreditar, en todo caso, que ha percibido una remuneración superior a aquélla por la cual se le hicieron las
cotizaciones, debiendo entonces calcularse el sueldo base sobre la renta efectivamente percibida, sin perjuicio de que la respectiva institución
previsional persiga el pago de las cotizaciones adeudadas, con sus intereses y multas, por la diferencia entre la remuneración real y la
declarada para los efectos previsionales. Al empleador, también se le aplicará la sanción máxima establecida en el artículo 80°. Si el
accidente o enfermedad ocurre antes que hubiere correspondido enterar la primera cotización, se tendrá por sueldo base el indicado como
sueldo o renta en el acto de la afiliación o el que tuvo derecho a percibir a la fecha en que la afiliación debió efectuarse. Para calcular el sueldo
base mensual, las remuneraciones o rentas que se consideren, se amplificarán en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado el sueldo
vital, escala A) del departamento de Santiago, desde la fecha en que ellas fueros percibidas hasta la fecha a partir de la cual se declaró el
derecho a pensión. En ningún caso el sueldo base mensual será inferior al sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago o al
salario mínimo industrial, según fuere la actividad profesional del afiliado, vigente a la fecha a partir de la cual se declaró el derecho a pensión.

Artículo 27° Para el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican en las
siguientes categorías, según los efectos que produzcan: 1.- Que producen incapacidad temporal; 2.- Que producen invalidez parcial; 3.- Que
producen invalidez total; 4.- Que producen gran invalidez, y 5.- Que producen la muerte.

Artículo 28° Las prestaciones que establecen los artículos siguientes se deben otorgar, tanto en caso de accidente del trabajo como de
enfermedad profesional.

2. Prestaciones médicas (ART. 29)

Artículo 29° La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán
gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente: a)
Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo
tratante; c) Medicamentos y productos farmacéuticos; d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; e) Rehabilitación física y
reeducación profesional, y f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. También
tendrán derecho a estas prestaciones médicas los asegurados que se encuentren en la situación a que se refiere el inciso final del artículo 5°
de la presente ley.

3. Prestaciones por incapacidad temporal Artículo 30° La incapacidad temporal da derecho al accidentado o enfermo a un subsidio al cual le
serán aplicables las normas contenidas en los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 11, 17, 19 y 22 del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, en el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 18.469 y en el
artículo 17 del decreto ley N° 3.500 de 1980. En todo caso, el monto del subsidio se reajustará en un porcentaje equivalente al alza que
experimenten los correspondientes sueldos y salarios en virtud de leyes generales, o por aplicación de convenios colectivos de trabajo.

Artículo 31° El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento, desde el día que ocurrió el accidente o se comprobó la
enfermedad, hasta la curación del afiliado o su declaración de invalidez. La duración máxima del período del subsidio será de 52 semanas, el
cual se podrá prorrogar por 52 semanas más cuando sea necesario para un mejor tratamiento de la víctima o para atender a su rehabilitación.
Si al cabo de las 52 semanas o de las 104, en su caso, no se hubiere logrado la curación, y/o rehabilitación de la víctima, se presumirá que
presenta un estado de invalidez.

Artículo 32° El subsidio se pagará incluso por los días feriados y no estará afecto a descuentos por concepto de impuestos o cotizaciones de
previsión social. El beneficiario de subsidio, durante todo el tiempo que dure su otorgamiento, se considerará como activo en la respectiva
institución de previsión social para todos los efectos legales.

Artículo 33° Si el accidentado o enfermo se negare a seguir el tratamiento o dificultare o impidiere deliberadamente su curación, se podrá
suspender el pago del subsidio a pedido del médico tratante y con el visto bueno del jefe técnico correspondiente. El afectado podrá reclamar
en contra de esta resolución ante el Jefe del Area respectiva del Servicio Nacional de Salud, de cuya resolución, a su vez, podrá apelar ante la
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

4. Prestaciones por invalidez (ARTS. 34-42)

Artículo 34° Se considerará inválido parcial a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente,
igual o superior a un 15 % e inferior a un 70%.

Artículo 35° Si la disminución es igual o superior a un 15% e inferior a un 40%, la víctima tendrá derecho a una indemnización global, cuyo
monto no excederá de 15 veces el sueldo base y que se determinará en función de la relación entre dicho monto máximo y el valor asignado a
la incapacidad respectiva, en la forma y condiciones previstas en el reglamento. En ningún caso esta indemnización global podrá ser inferior a
medio sueldo vital mensual del departamento de Santiago.

Artículo 36° La indemnización global establecida en el artículo anterior se pagará de una sola vez o en mensualidades iguales y vencidas, cuyo
monto equivaldrá a 30 veces el subsidio diario que se determine en conformidad al artículo 30° de esta ley, a opción del interesado. En el
evento de que hubiera optado por el pago en cuotas podrá no obstante solicitar en cualquier momento el pago total del saldo insoluto de una
sola vez.

Artículo 37° El asegurado que sufriere un accidente que, sin incapacitarlo para el trabajo, le produjere una mutilación importante o una
deformación notoria, será considerado inválido parcial en conformidad a lo dispuesto en los artículos precedentes. En tal caso, tendrá derecho
a la indemnización establecida en el artículo 35°, que será fijado, por el organismo administrador, de acuerdo al grado de mutilación o
deformación. La mutilación importante o deformación notoria, si es en la cara, cabeza u órganos genitales, dará derecho al máximo de la
indemnización establecida en dicho artículo.

Artículo 38° Si la disminución de la capacidad de ganancia es igual o superior a un 40% e inferior a un 70%, el accidentado o enfermo tendrá
derecho a una pensión mensual, cuyo monto será equivalente al 35% del sueldo base.

Artículo 39° Se considerará inválido total a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia presumiblemente
permanentemente igual o superior a un 70%. El inválido total tendrá derecho a una pensión mensual, equivalente al 70% de su sueldo base.

Artículo 40° Se considerará gran inválido a quien requiere del auxilio de otras personas para realizar los actos elementales de su vida. En caso
de gran invalidez la víctima tendrá derecho a un suplemento de pensión, mientras permanezca en tal estado, equivalente a un 30% de su
sueldo base.

Artículo 41° Los montos de las pensiones se aumentarán en un 5% por cada uno de los hijos que le causen asignación familiar al pensionado,
en exceso sobre dos, sin perjuicio de las asignaciones familiares que correspondan. En ningún caso, esas pensiones podrán exceder del
50%, 100% ó 140% del sueldo base, según sean por invalidez parcial, total, o gran invalidez, respectivamente. La cuantía de la pensión será
disminuida o aumentada cada vez que se extinga o nazca el derecho a los suplementos a que se refiere el inciso 1° de este artículo.

Artículo 42° Los organismos administrativos podrán suspender el pago de las pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes,
controles o prescripciones que les sean ordenados; o que rehusen, sin causa justificada, a someterse a los procesos necesarios para su
rehabilitación física y reeducación profesional que les sean indicados. El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica
de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

5. Prestaciones por supervivencia (ARTS. 43-50)

Artículo 43° Si el accidente o enfermedad produjere la muerte del afiliado, o si fallece el inválido pensionado, el cónyuge, sus hijos legítimos,
naturales, ilegítimos o adoptivos, la madre de sus hijos naturales, así como también los ascendientes o descendientes que le causaban
asignación familiar, tendrán derecho a pensiones de supervivencia en conformidad con las reglas de los artículos siguientes.

Artículo 44° La cónyuge superviviente mayor de 45 años de edad, o inválida de cualquiera edad, tendrá derecho a una pensión vitalicia
equivalente al 50% de la pensión básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente, o de la pensión básica que
percibía en el momento de la muerte. Igual pensión corresponderá a la viuda menor de 45 años de edad, por el período de un año, el que se
prorrogará por todo el tiempo durante el cual mantenga a su cuidado hijos legítimos que le causen asignación familiar. Si al término del plazo o
de su prórroga hubiere cumplido los 45 años de edad, la pensión se transformará en vitalicia. Cesará su derecho si contrajere nuevas nupcias.
Sin embargo, la viuda que disfrutare de pensión vitalicia y contrajere matrimonio tendrá derecho a que se le pague, de una sola vez, el
equivalente a dos años de su pensión.

Artículo 45° La madre de los hijos naturales del causante, soltera o viuda, que hubiere estado viviendo a expensas de éste hasta el momento
de su muerte, tendrá también derecho a una pensión equivalente al 30% de la pensión básica que habría correspondido a la víctima si se
hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica que perciba en el momento de la muerte, sin perjuicio de las pensiones que
correspondan a los demás derecho-habientes. Para tener derecho a esta pensión el causante debió haber reconocido a sus hijos con
anterioridad a la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad. La pensión será concedida por el mismo plazo y bajo las mismas
condiciones que señala el artículo anterior respecto de la pensión por viudez. Cesará el derecho si la madre de los hijos naturales del causante
que disfrute de pensión vitalicia, contrajere nuevas nupcias, en cuyo caso tendrá derecho también a que se le pague de una sola vez el
equivalente a dos años de su pensión.

Artículo 46° El viudo inválido que haya vivido a expensas de la cónyuge afiliada, tendrá derecho a pensión en idénticas condiciones que la
viuda inválida.

Artículo 47° Cada uno de los hijos del causante, menores de 18 años o mayores de esa edad, pero menores de 24 años, que sigan estudios
regulares secundarios, técnicos o superiores, o inválidos de cualquiera edad, tendrán derecho a percibir una pensión equivalente al 20% de la
pensión básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica que percibía en el momento
de la muerte.

Artículo 48° A falta de las personas designadas en las disposiciones precedentes, cada uno de los ascendientes y demás descendientes del
causante que la causaban asignación familiar tendrán derecho a una pensión del mismo monto señalado en el artículo anterior. Estos
descendientes tendrán derecho a la pensión mencionada en el inciso anterior hasta el último día del año en que cumplieran 18 años de edad.

Artículo 49° Si los descendientes del afiliado fallecido carecieren de padre y madre, tendrán derecho a la pensión a que se refieren los
artículos anteriores aumentada en un 50%. En estos casos, las pensiones podrán ser entregadas a las personas o instituciones que los tengan
a su cargo, en las condiciones que determine el reglamento.

Artículo 50° En ningún caso las pensiones por supervivencia podrán exceder en su conjunto, del 100% de la pensión total que habría
correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la pensión total que percibía en el momento de la muerte, excluido el
suplemento por gran invalidez, si lo hubiere. Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en el inciso anterior, se harán
a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que acrecerán, también, proporcionalmente, dentro de los límites respectivos a
medida que alguno de los beneficiarios deje de tener derecho a pensión o fallezca.

6. Cuota mortuoria (ART. 51)

ARTICULO 51°.- DEROGADO DFL 90

7. Normas Generales (ARTS. 52-57)

Artículo 52° Las prestaciones de subsidios, pensión y cuota mortuoria, que establece la presente ley, son incompatibles con las que
contemplan los diversos regímenes previsionales. Los beneficiarios podrán optar, entre aquéllas y éstas, en el momento en que se les haga el
llamamiento legal.

Artículo 53° El pensionado por accidente del trabajo o enfermedad profesional que cumpla la edad para tener derecho a pensión dentro del
correspondiente régimen previsional, entrará en el goce de esta última de acuerdo con las normas generales pertinentes dejando de percibir la
pensión de que disfrutaba. En ningún caso la nueva pensión podrá ser inferior al monto de la que disfrutaba, ni al 80% del sueldo base que
sirvió para calcular la pensión anterior, amplificado en la forma que señalan los artículos 26° y 41°, y su pago se hará con cargo a los recursos
que la respectiva institución de previsión social debe destinar al pago de pensiones de vejez. Los pensionados por invalidez parcial que
registren con posterioridad a la declaración de invalidez, 60 o más cotizaciones mensuales, como activos en su correspondiente régimen
previsional tendrán derecho a que la nueva pensión a que se refieren los incisos anteriores, no sea inferior al 100% del sueldo base
mencionado en el inciso precedente.

Artículo 54° Los pensionados por accidentes o enfermedades profesionales deberán efectuar en el organismo previsional en que se
encuentren afiliados las mismas cotizaciones que los otros pensionados, gozando, también, de los mismos beneficios por lo que respecta a
atención médica, asignaciones familiares y demás que sean procedentes.

Artículo 55° Los organismos administradores aplicarán a las pensiones causadas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales
las disposiciones legales y resoluciones que sobre reajuste, revalorización y montos mínimos rijan en el régimen de pensiones de vejez a que
pertenecía la víctima, beneficios que se concederán con cargo a los recursos del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

Artículo 56° El retardo de la entidad empleadora en el pago de las cotizaciones, no impedirá el nacimiento, en el trabajador, del derecho a las
prestaciones establecidas en esta ley. Los organismos administradores otorgarán al accidentado o enfermo las prestaciones respectivas,
debiendo cobrar a la entidad empleadora las cotizaciones, más intereses y multas, en la forma que corresponda. En los casos de siniestro en
que se establezca el incumplimiento de la obligación de solicitar la afiliación por parte de un empleador, éste estará obligado a reembolsar al
organismo administrador el total del costo de las prestaciones médicas y de subsidio que se hubieren otorgado y deban otorgarse a sus
trabajadores, sin perjuicio del pago de las cotizaciones adeudadas y demás sanciones legales que procedan.

Artículo 57° El reglamento determinará la forma en que habrán de concurrir al pago de las pensiones o indemnizaciones causadas por
enfermedad profesional los distintos organismos administradores en que, desde la fecha de vigencia de esta ley, haya estado afiliado el
enfermo. En todo caso, las concurrencias se calcularán en relación con el tiempo de imposiciones existentes en cada organismo
administrador y en proporción al monto de la pensión o indemnización fijada de acuerdo con las normas de este seguro. El organismo
administrador a que se encuentre afiliado el enfermo al momento de declararse su derecho a pensión o indemnización deberá pagar la
totalidad del beneficio y cobrará posteriormente, a los de anterior afiliación, las concurrencias que correspondan.

TITULO VI (ARTS. 58-64) Evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades

Artículo 58° La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los
Servicios de Salud. Sin embargo, respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las
incapacidades permamentes derivadas de accidentes del trabajo corresponderá a estas instituciones. Las resoluciones de las Mutualidades
que se dicten sobre las materias a que se refiere este artículo se ajustarán, en lo pertinente, a las mismas normas legales y reglamentarias
aplicables a los otros administradores del seguro de esta ley.

Artículo 59° Las declaraciones de incapacidad permanente del accidentado o enfermo se harán en función de su incapacidad para procurarse
por medio de un trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación, una remuneración equivalente al salario o renta que
gana una persona sana en condiciones análogas y en la misma localidad.

Artículo 60° Para los efectos de determinar las incapacidades permanentes, el reglamento las clasificará y graduará, asignando a cada cual un
porcentaje de incapacidad oscilante entre un máximo y un mínimo. El porcentaje exacto, en cada caso particular, será determinado por el
médico especialista del Servicio de Salud respectivo o de las Mutualidades en los casos de incapacidades permanentes de sus afiliados
derivadas de accidentes del trabajo, dentro de la escala preestablecida por el reglamento. El facultativo, al determinar el porcentaje exacto,
deberá tener, especialmente, en cuenta, entre otros factores, la edad, el sexo y la profesión habitual del afiliado. En los casos en que se
verifique una incapacidad no graduada ni clasificada previamente, corresponderá hacer la valoración concreta al médico especialista del
Servicio de Salud respectivo o de las Mutualidades, en su caso, sujetándose para ello, al concepto dado en el artículo anterior y teniendo en
cuenta los factores mencionados en el inciso precedente.

Artículo 61° Si el inválido profesional sufre un nuevo accidente o enfermedad, también de origen profesional, procederá a hacer una
reevaluación de la incapacidad en función del nuevo estado que presente. Si la nueva incapacidad ocurre mientras el trabajador se encuentra
afiliado a un organismo administrador distinto del que estaba cuando se produjo la primera incapacidad, será el último organismo el que
deberá pagar, en su totalidad, la prestación correspondiente al nuevo estado que finalmente presente el inválido. Pero si el anterior organismo
estaba pagando una pensión, deberá concurrir al pago de la nueva prestación con una suma equivalente al monto de dicha pensión.

Artículo 62° Procederá, también, hacer una reevaluación de la incapacidad cuando a la primitiva le suceda otra u otras de origen no
profesional. Las prestaciones que corresponda pagar, en virtud de esta reevaluación, serán, en su integridad, de cargo del Fondo de
Pensiones correspondiente a invalidez no profesional del organismo en que se encontraba afiliado el inválido. Pero si con cargo al seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se estaba pagando a tal persona una pensión periódica, este seguro deberá concurrir al
pago de la nueva prestación con una suma equivalente al monto de dicha pensión.

Artículo 63° Las declaraciones de incapacidad serán revisables por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de
estas revisiones, se concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones, o se aumentará o disminuirá su monto. La revisión podrá
realizarse, también, a petición del interesado, en la forma que determine el reglamento.

Artículo 64° En todo caso, durante los primeros ocho años contados desde la fecha de concesión de la pensión, el inválido deberá someterse
a examen cada dos años. Pasado aquel plazo, el organismo administrador podrá exigir nuevos exámenes en los casos y con la frecuencia que
determine el reglamento. El reglamento determinará los casos en que podrá prescindirse del examen a que se refieren las disposiciones
precedentes. Al practicarse la nueva evaluación se habrán de tener también en cuenta las nuevas posibilidades que haya tenido el inválido
para actualizar su capacidad residual de trabajo.

TITULO VII (ARTS. 65-71) Prevención de riesgos profesionales

Artículo 65° Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general en materia de supervigilancia y fiscalización de la
prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellos se realicen. La competencia
a que se refiere el inciso anterior la tendrá el Servicio Nacional de Salud incluso respecto de aquellas empresas del Estado que, por
aplicación de sus leyes orgánicas que las rigen, se encuentren actualmente exentas de este control. Corresponderá, también, al Servicio
Nacional de Salud la fiscalización de las instalaciones médicas de los demás organismos administradores, de la forma y condiciones cómo
tales organismos otorguen las prestaciones médicas, y de la calidad de las actividades de prevención que realicen.

Artículo 66° En toda industria o faena en que trabajen más de 25 personas deberán funcionar uno o más Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, que tendrán las siguientes funciones: 1.- Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de
protección; 2.- Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y
seguridad. 3.- Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa; 4.- Indicar la
adopción de todas las medidas de higiene y seguridad, que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales; 5.- Cumplir las demás
funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo. El representante o los representantes de los trabajadores
serán designados por los propios trabajadores. El reglamento deberá señalar la forma cómo habrán de constituirse y funcionar estos comités.
En aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen a más de 100 trabajadores será obligatoria la existencia de un
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, el que será dirigido por un experto en prevención, el cual formará parte, por derecho
propio, de los Comités Paritarios. Las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique
el Departamento de Prevención y/o el Comité Paritario; pero podrán apelar de tales resoluciones ante el respectivo organismo administrador,
dentro del plazo de 30 días, desde que le sea notificada la resolución del Departamento de Prevención o del Comité Paritario de Higiene y
Seguridad. El incumplimiento de las medidas acordadas por el Departamento de Prevención o por el Comité Paritario, cuando hayan sido
ratificadas por el respectivo organismo administrador, será sancionado en la forma que preceptúa el artículo 68°. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a las actividades a que se refiere el artículo 162°-A del decreto ley 2.200, de 1978.

Artículo 67° Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los
trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a
los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que
les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por
lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro I del Código del Trabajo.

Artículo 68° Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban
directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá
indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el Servicio
Nacional de Salud de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el Código Sanitario, y en las demás disposiciones
legales, sin perjuicio de que el organismo administrador respectivo aplique, además, un recargo en la cotización adicional, en conformidad a lo
dispuesto en la presente ley. Asimismo, las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección
necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados en la forma que
preceptúa el inciso anterior. El Servicio Nacional de Salud queda facultado para clausurar las fábricas, talleres, minas o cualquier sitio de
trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud de los trabajadores o de la comunidad.

Artículo 69° Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones
criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del
responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y b) La víctima y las demás personas a quienes el
accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones
a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.

Artículo 70° Si el accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia inexcusable de un trabajador se le deberá aplicar una multa, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 68°, aún en el caso de que él mismo hubiere sido víctima del accidente. Corresponderá al Comité Paritario de
Higiene y Seguridad decidir si medió negligencia inexcusable.

Artículo 71° Los afiliados afectados de alguna enfermedad profesional deberán ser trasladados, por la empresa donde presten sus servicios, a
otras faenas donde no estén expuestos al agente causante de la enfermedad. Los trabajadores que sean citados para exámenes de control
por los servicios médicos de los organismos administradores, deberán ser autorizados por su empleador para su asistencia, y el tiempo que
en ello utilicen será considerado como trabajado para todos los efectos legales. Las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos
puedan estar expuestos al riesgo de neumoconiosis, deberán realizar un control radiográfico semestral de tales trabajadores.

TITULO VIII (ARTS. 72-91) Disposiciones finales

1. Administración delegada (ARTS. 72-75)

Artículo 72° Las empresas que cumplan con las condiciones que señala el inciso siguiente del presente artículo, tendrán derecho a que se les
confiera la calidad de administradoras delegadas del seguro, respecto de sus propios trabajadores, en cuyo caso tomarán a su cargo el
otorgamiento de las prestaciones que establece la presente ley, con excepción de las pensiones. Tales empresas deberán ocupar
habitualmente dos mil o más trabajadores, deben tener un capital y reservas superior a siete mil sueldos vitales anuales, escala A) del
departamento de Santiago y cumplir, además, los siguientes requisitos: a) Poseer servicios médicos adecuados, con personal especializado
en rehabilitación; b) Realizar actividades permanentes y efectivas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales; c) Constituir
garantías suficientes del fiel cumplimiento de las obligaciones que asumen, ante los organismos previsionales, que hubieren delegado la
administración, y d) Contar con el o los Comités Paritarios de Seguridad a que se refiere el artículo 66°. Los organismos administradores
deberán exigir a las empresas que se acojan a este sistema, un determinado aporte cuya cuantía la fijarán de acuerdo con las normas que
establezca el reglamento. El monto de tales aportes será distribuido entre el Servicio Nacional de Salud y los demás organismos
administradores delegantes en la forma y proporciones que señale el reglamento.

Artículo 73° Los organismos administradores podrán también convenir con organismos intermedios o de base que éstos realicen, por
administración delegada, alguna de sus funciones, especialmente las relativas a otorgamiento de prestaciones médicas, entrega de
prestaciones pecuniarias u otras en la forma y con los requisitos que señale el reglamento.

Artículo 74° Los servicios de las entidades con administración delegada serán supervigilados por el Servicio Nacional de Salud y por la
Superintendencia de Seguridad Social, cada cual dentro de sus respectivas competencias.

Artículo 75° Las delegaciones de que trata el artículo 72° deberán ser autorizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, previo informe
del Servicio Nacional de Salud.

2. Procedimiento y recursos (ARTS. 76-78)

Artículo 76° La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o
el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación
de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. Las
denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud.
Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los accidentes o enfermedades que les hubieren sido
denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el
reglamento.

Artículo 77° Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90
días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los
Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. Las
resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles,
la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las
demás resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la
Superintendencia de Seguridad Social. Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se
efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta
certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos.

Artículo 77 bis.- El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de
Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene
origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la
licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que
correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. En la situación prevista en el
inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el
rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la
afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha
en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. Si la
Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de
aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la
Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el valor de
aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho
reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado. El
valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según el valor
de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la ley N° 18.010,
desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados
desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad
al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del
señalado requerimiento de pago. En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos
para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo
Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del
reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté
afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si,
por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el
Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las
prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de
aquéllas. Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas
el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.

Artículo 78° La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales estará compuesta por: a) Dos
médicos en representación del Servicio Nacional de Salud, uno de los cuales la presidirá; b) Un médico en representación de las
organizaciones más representativas de los trabajadores; c) Un médico en representación de las organizaciones más representativas de las
entidades empleadoras, y d) Un abogado. Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de la República, en la forma
que determine el reglamento. El mismo reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la Comisión, la que en todo caso, estará
sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social.

3. Prescripción y sanciones (ARTS. 79-80)

Artículo 79° Las acciones para reclamar las (NOTA 3) prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en
el término de cinco años contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis el
plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue diagnosticada. Esta prescripción no correrá contra los menores de 16
años.

NOTA: 3 El artículo 34 de la ley 18591, dispone que el derecho a impetrar subsidio por incapacidad temporal de la ley N° 16744, prescribirá
en seis meses desde el término de la respectiva licencia. Esta disposición regirá a contar del 1° de enero de 1987. (Ley 18591, art. 110.).

Artículo 80° Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de esta ley, salvo que tengan señalada una sanción especial, serán penadas
con una multa de uno a veinticuatro sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago. Estas multas serán aplicadas por los
organismos administradores. La reincidencia será sancionada con el doble de la multa primeramente impuesta.

4. Disposiciones varias (ARTS. 81-91)

Artículo 81° Fusiónanse la actual Caja de Accidentes del Trabajo con el Servicio de Seguro Social, que será su continuador legal y al cual se
transferirá el activo y pasivo de esa Caja. El Fondo de Garantía que actualmente administra la Caja, se transferirá, también, al Servicio de
Seguro Social e ingresará al respectivo Fondo de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Los bienes muebles e inmuebles
que la Caja de Accidentes del Trabajo tiene destinados a los servicios hospitalarios o médicos en general y a la prevención de riesgos
profesionales, serán transferidos por el Servicio de Seguro Social al Servicio Nacional de Salud. Las transferencias a que se refiere este
artículo estarán exentas de todo impuesto, así como también del pago de los derechos notariales y de inscripción.

Artículo 82° El personal que trabaja en la Caja de Accidentes del Trabajo en funciones relacionadas con atención médica, hospitalaria y
técnica de salud, higiene y seguridad industrial, pasará a incorporarse al Servicio Nacional de Salud. El resto del personal se incorporará a la
planta del Servicio de Seguro Social. Con motivo de la aplicación de la presente ley no se podrán disminuir remuneraciones, grados o
categorías ni suprimir personal o alterarse el régimen previsional y de asignaciones familiares que actualmente tienen. Asimismo, mantendrán
su representación ante el Consejo del organismo previsional correspondiente por un plazo de dos años. El personal que trabaja en las
Secciones de Accidentes del Trabajo y Administrativa de Accidentes del Trabajo en las Compañías de Seguros, será absorbido por el
Servicio Nacional de Salud o el Servicio de Seguro Social, de acuerdo con las funciones que desempeñe, a medida que las Compañías de
Seguros empleadoras lo vaya desahuciando por terminación de los departamentos o secciones en que presta servicios. Estos personales
serán incorporados a las plantas permanentes de ambos servicios y continuarán recibiendo como remuneraciones el promedio de las
percibidas durante el año 1967, con más de un 15%, si la incorporación les fuere hecha durante 1968 en la cantidad anterior aumentada en el
mismo porcentaje en que hubiere aumentado en 1969, el sueldo vital, escala A) del departamento de Santiago, si la incorporación es hecha
durante el curso del año 1969. En uno y otro caso con el reajuste que habría correspondido además por aplicación de la ley 7.295. El personal
de la Planta de Servicios Menores de la Caja de Accidentes del Trabajo, actualmente imponente del Servicio de Seguro Social, pasará a ser
imponente de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

Artículo 83° El Servicio de Minas del Estado continuará ejerciendo en las faenas extractivas de la minería las atribuciones que en materia de
seguridad le fueron conferidas por la letra i) del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 152, de 1960, y por el Reglamento de Policía Minera
aprobado por decreto 185, de 1946, del Ministerio de Economía y Comercio y sus modificaciones posteriores. Facúltase al Presidente de la
República para modificar las plantas del Servicio Nacional de Salud o del Servicio de Seguro Social con el objeto de incorporar en ellas a los
personales a que se refieren este artículo y los anteriores.

Artículo 84° Los hospitales de la actual Caja de Accidentes del Trabajo ubicados en Santiago, Valparaíso, Coquimbo, Concepción, Temuco,
Osorno y Valdivia y la Clínica Traumatológica de Antofagasta, se mantendrán como Centros de Traumatología y Ortopedia una vez fusionados
estos dos servicios. Para los efectos de futuros concursos de antecedentes para optar a cargos médicos, de dentistas, farmacéuticos,
administrativos o de cualquier otro, en el Servicio Nacional de Salud o en el Servicio de Seguro Social, los años de antigüedad y la categoría
de los cargos desempeñados en la Caja de Accidentes del Trabajo serán computados con el mismo valor en puntaje que actualmente se
asignan a tales antecedentes en el Servicio Nacional de Salud y en el Servicio de Seguro Social. Los antecedentes de los profesionales
afectos a la ley 15.076 que tengan acreditados ante la Caja de Accidentes del Trabajo, y que, por aplicación de la presente ley deban ingresar
al Servicio Nacional de Salud, valdrán ante este último organismo en idéntica forma que si los hubieren acreditado ante él. Los profesionales
funcionarios se mantendrán en sus cargos de planta que tengan a la fecha de publicación de la presente ley, rigiéndose en lo futuro por las
disposiciones del Estatuto Médico-Funcionario.

Artículo 85° Reemplázase el artículo transitorio N° 3° de la ley 8.198, por el siguiente: "Artículo 3° transitorio Los aparatos y equipos de protección destinados a prevenir los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y los instrumentos científicos destinados a la investigación y medición de los riesgos profesionales que el Servicio Nacional de Salud indique, así como también los instrumentos quirúrgicos, aparatos de rayos X y demás instrumentales que sean indicados por dicho Servicio, serán incluidos en las listas de importación permitida del Banco Central de Chile y de la Corporación del Cobre y estarán liberados de depósitos, de derechos de internación, de cualquier otro gravamen que se cobre por las Aduanas y de los otros impuestos a las importaciones, a menos que ellos se fabriquen en el país en condiciones favorables de calidad y precio".

Artículo 86° Sustitúyese en el inciso 1° del artículo 62 de la ley 16.395, la frase "uno por mil", por "dos por mil".

Artículo 87° La Superintendencia de Seguridad Social podrá aplicar a las Compañías de Seguros que no den completo y oportuno
cumplimiento a las disposiciones de esta ley, las sanciones establecidas en la ley 16.395.

Artículo 88° Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables.

Artículo 89° En ningún caso las disposiciones de la presente ley podrán significar disminución de derechos ya adquiridos en virtud de otras
leyes.

Artículo 90° Deróganse el Título II, del Libro II del Código del Trabajo, la ley 15.477 y toda otra norma legal o reglamentaria contraria a las
disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 91° La presente ley entrará en vigencia dentro del plazo de tres meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.

TITULO IX (ARTS. 92-100)

Artículo 92° Reemplázase el inciso 2° del artículo 32° de la ley 6.037, por los siguientes: "La pensión de montepío se difiere el día del
fallecimiento. En caso de pérdida o naufragio de una nave, de muerte por sumersión o por otro accidente marítimo o aéreo, si no ha sido
posible recuperar los restos del imponente, podrá acreditarse el fallecimiento, para todos los efectos de esta ley, con un certificado expedido
por la Dirección del Litoral y de Marina Mercante o la Dirección de Aeronáutica, según proceda, que establezca la efectividad del hecho, la
circunstancia de que el causante formaba parte de la tripulación o del pasaje y que determine la imposibilidad de recuperar sus restos, y que
permita establecer que el fallecimiento se ha producido a consecuencia de dicha pérdida, naufragio o accidente".

Artículo 93° Agrégase el siguiente inciso a continuación del inciso 1° del artículo 33° de la ley 6.037: "El padre y la madre del imponente por los
cuales éste haya estado percibiendo asignación familiar, concurrirán en el montepío, conjuntamente con la cónyuge y los hijos, con una cuota
total equivalente a la que corresponda a un hijo legítimo".

Artículo 94° Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 30° de la ley 10.662: a) Intercálase a continuación de la palabra "sumersión",
suprimiendo la coma (,) la siguiente frase seguida de una coma (,): "u otro accidente marítimo o aéreo", y b) Intercálase después de la palabra
"Mercante" la siguiente frase: "o la Dirección de Aeronáutica, según proceda".

Artículo 95° Aclárase que, a contar desde la fecha de vigencia de la ley 15.575, el fallecimiento de cualquiera de los beneficiarios ha estado y
está incluido entre las causales que dan lugar al acrecimiento de montepío contemplado en el inciso 2° del artículo 33° de la ley 6.037.

Artículo 96° Agrégase el siguiente inciso al artículo 40° de la ley 15.386: "Gozarán también del beneficio de desahucio establecido por el
presente artículo los beneficiarios de montepío del imponente fallecido sin haberse acogido al beneficio de jubilación. El desahucio se
distribuirá en este caso en el orden y proporción que establecen los artículos 30° y 33° de la ley 6.037".

Artículo 97° La modificación del artículo 40° de la ley 15.386 ordenada por el artículo precedente regirá a contar desde el 1° de enero de 1967.

Artículo 98° Los beneficiarios de montepío de los imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Sección
Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la misma desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe tendrán derecho a optar a la
adjudicación de viviendas que pueda tener disponible la institución, sin sujeción al sistema de puntaje establecido en el Reglamento General
de Préstamos hipotecarios para las instituciones de previsión regidas por el decreto con fuerza de ley 2, de 1959, siempre que el causante no
hubiese obtenido de la institución un beneficio similar, o un préstamo hipotecario destinado a la adquisición, construcción o terminación de
viviendas. La adjudicación se hará a los beneficiarios en igual proporción a la que les corresponda en el montepío respectivo. El precio de
venta se cancelará en conformidad a las disposiciones del decreto con fuerza de ley 2, de 1959.

Artículo 99° Facúltase a los Consejos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros
Marítimos para condonar los saldos de las deudas hipotecarias que hubiesen tenido con la institución, al 30 de septiembre de 1967, los
imponentes desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe, siempre que dichas deudas no hayan estado afectas a seguro de
desgravamen.

Artículo 100° Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 91° y 96°, las disposiciones de los artículos 92°, 93°, 94°, 95°, 97° y 98° entrarán en
vigencia a contar desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

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